«Se ponen impuestos que demonizan al empresario y hay que resaltarlo»

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Después de toda una vida al frente de la patronal de la conserva, Juan Vieites (Vigo, 1952) tomó las riendas de la Confederación de Empresarios de Galicia en enero del año pasado. Lo hizo tras un largo periodo de guerras internas y una sucesión de presidentes que apenas duraban en el cargo. En este tiempo le ha tocado lidiar con la pandemia, primero, y ahora con una inflación de dos dígitos que ahoga a buena parte de las empresas.

—¿Hay ya por fin paz interna dentro de la CEG?

—Efectivamente. De imagen y de relaciones externas, con las administraciones o en el diálogo social, la CEG ha ganado muchos enteros. Hay una cantidad de problemas que aparecen de manera diaria y hay que abordarlos. La CEG ha hecho sus deberes. Ha liquidado todas las deudas que tenía. Desde el punto de vista jurídico, quitando el tema de formación del año 2000, el resto está totalmente resuelto. Las organizaciones han estado a pies juntillas, muy proactivas y dando valor a la Confederación. Internamente tenemos que hacer unos estatutos modernos.

—¿Cuándo se aprobarán?

—No hay fecha porque estamos abriendo esa situación en la que todo el mundo se sienta cómodo, que todo el mundo esté representado en función del número de empresas que tiene en su organización.

—Siempre hubo pugnas entre las sectoriales y las provinciales

—Correcto, pero eso siempre habrá. A mí eso me preocupa poco, siempre y cuando el clima que se cree sea de consenso. Yo obtuve el 89 % de los votos, algunos de los que no me votaron era porque estaban enfadados con la organización y hoy en día están a pies juntillas con el presidente. Cuando los gobiernos van en la dirección contraria a los que realmente crean riqueza en nuestro país, ahí tenemos que decir las cosas. Estamos en todos los temas que realmente preocupan al ámbito empresarial. Tenemos que evitar ocurrencias y sí medidas estructurales, de esto tenemos que salir, yo siempre doy ánimos a la gente. Seguramente nos vendrán años malos, el 23 y el 24, yo los temo.

—Para combatir la inflación, la patronal reclama que los salarios suban, pero no mucho. ¿De qué porcentaje hablamos?

—Los salarios hay que subirlos. Pero si nos ponemos en esta dinámica de estanflación, en la cual los salarios van subiendo en función del IPC, realmente estamos fuera del mercado.

—Ya están por debajo del IPC, que supera el 10%, mientras los salarios están en el 3,7% en agosto

—En ese orden habría que estar trabajando dentro del diálogo social. Yo les pido a los sindicatos ‘sentidiño’, porque entre todos tenemos que solucionar este problema. Lo tienen que solucionar las empresas y los trabajadores, el Gobierno debe poner el campo de juego adecuado, si no, no habrá inversión. Hay que evitar un escenario en el que los aumentos de precios y salarios se retroalimenten entre sí.

—¿La subida hay que analizarla entonces sector a sector?

—No son todas las empresas iguales, no es lo mismo una pequeña que una media, el sector del automóvil que otros que ahora están desarrollándose.

—¿Cómo las eléctricas, por ejemplo?

—Pues por ejemplo, yo creo que ese pacto de rentas tiene que llevar consigo, además, evitar absentismo y ganar competitividad.

—Son contrarios a la subida del SMI. ¿Comprende que un trabajador con mil euros apenas llegue a fin de mes?

—Comprendemos todo, pero lo que no puede suponer es que se produzca un empleo sumergido, estamos en cotas muy altas y está creciendo. Las medidas que se toman muchas veces desincentivan que la gente quiera trabajar.

—¿Está sugiriendo que crece el empleo sumergido porque el salario mínimo es muy alto?

—Crece porque somos muy poco competitivos con el entorno. Por ejemplo, en Portugal el SMI está en 800 y pico. Después nos quejamos que las empresas se vayan a Portugal y se van porque allí son más competitivos. Si no tenemos una serie de medias amigables para la creación de riqueza y empleo, las empresas se van. Hay que ser amigable con el inversionista.

—Los sindicatos argumentan que si los trabajadores pierden poder adquisitivo se reduce el consumo y eso es malo para las empresas.

—En eso la CEG tiene una posición firme. Efectivamente, los salarios hay que subirlos, pero hay que subirlos moderadamente. Ahora no toca más impuestos, toca todo lo contrario, buscar un campo de juego en el que tanto las empresas como las familias se puedan mover mejor. Las empresas no han podido repercutir en sus precios todos los incrementos de costes de energía o combustibles, están yendo a sus márgenes de beneficios, eso lo pueden aguantar un tiempo, pero no si se mantiene.

—Europa ya habla de poner un tope al precio del gas para abaratar la factura. ¿Qué le parece la medida?

—Yo soy un defensor de la libertad de mercado porque el intervencionismo lo único que produce es el enriquecimiento desmesurado de algunos. En esta crisis yo creo que hay que ir más en el horizonte de las fiscalidades, sobre el empleo encubierto, ese pacto de rentas, ese pacto de reforma fiscal, esa moderación en el gasto público, que no lo estoy viendo. El pacto de rentas debe suponer un sacrificio para todos, la empresa también está sufriendo.

— Hubo ya rebajas fiscales del IVA a la electricidad y ahora al gas, pero las facturas siguen subiendo. ¿Qué otros impuestos se podrían rebajar?

—La factura se multiplica por tres y medio, lo tenemos valorado. El Gobierno, durante mucho tiempo, decía que Bruselas no le permitía bajar los impuestos al gas, o sea, nos mienten. Lo primero es ser rigurosos. Es necesaria una política de energía bien hecha. Entre marzo y julio se ha ido incrementando de manera continuada el kilovatio, en algunas bodegas ha supuesto ya más coste que el salarial y tenían a lo mejor 20-30 personas.

—¿Demandan algún tipo de ayuda para las empresas?

—Eso tiene que ir siempre regulado por la UE. En otros países se ha hecho, en Alemania nacionalizaron la parte energética de alguna empresa. Yo no digo que eso sea el camino, pero tenemos que estudiar, por eso hemos creado una comisión ad hoc relacionada con la energía, para ver cuáles son las medidas que podemos tomar. Algunos están ganando dinero, pero la inmensa mayoría del tejido productivo está sufriendo.

—¿Cuál sería la política energética correcta para la CEG?

—Aquí entra la transición energética para evitar el cambio climático, nos va a costar dinero. Las transiciones hay que hacerlas de manera ordenada. La energía nuclear no sé por qué tenemos que ser los más listos de la clase y sacarla los primeros, quizás podemos esperar a que sean más competitivas las renovables.

—Ya cubren el 70% del consumo en Galicia, pero el problema es que se pagan a precio del gas y son más baratas de producir. ¿Esta de acuerdo con el actual sistema de subasta?

—Esa es una de las cuestiones que tenemos que estudiar internamente. Todo esto hay que equilibrarlo un poco. Yo soy un defensor de las renovables, tenemos que ir avanzando contra el cambio climático, pero tenemos que ir ‘a modiño’. Estos impuestos que a veces se ponen a las energéticas, a los bancos, de una manera arbitraria, demonizan mucho al empresario y hay que resaltarlo. Sacrificio sí, pero entre todos.

—¿Hay preocupación en la CEG por la baja ejecución de los fondos Next Generation?

—Estamos muy preocupados, esto se vendió como algo que era el maná que iba a solucionar todos los problemas. Yo ya sabía desde el principio que no, que era un punto de referencia para intentar hacer ese cambio a una economía más digitalizada, más verde, circular, focalizada en las personas.

—Stellantis se queda fuera, ¿qué pasará con Altri?

—Estoy convencido que el Gobierno de España no va a dejar al sector agroalimentario o a Stellantis sin la ayuda correspondiente para esa renovación productiva. Hay muchos proyectos estratégicos, pero la verdad es que el porcentaje de ayuda es bajo, tenemos que ser claros, los que ponen el dinero son las empresas. A día de hoy me parece que están asignados el 35-40% nada más, queda muchísimo. Las comunidades tienen experiencia en gestionar los fondos de la UE, hacerlo desde el centralismo produce retrasos.

—La CEG denuncia que las empresas situadas en la primera franja del litoral están en peligro, pero el Gobierno dice que se renovarán concesiones si no pueden desarrollar su actividad en otro lugar.

—El problema es que se dice una cosa y se escribe otra. La filosofía ideológica está clara, ellos no quieren ver nada en la línea de costa. Nada. Entonces actividades como cocederos, conserveras, acuicultura, no están permitidas. Lo de la viabilidad no entra en juego, lo que entra es el cambio climático. Si tú trabajas con pescado, sí que te dejan las tomas de agua, pero tienes que retrasar la planta, hasta 25 kilómetros.

—¿Se ha anulado alguna concesión?

—No las anulan pero no las dan, van desarrollando texto legislativo apoyando su posición ideológica. Tenemos una reunión el próximo día 20 en Madrid con la directora general de Costas en la que queremos que nos aclaren las cosas. Cada vez que hablo con ellos nos dicen maravillas, ‘no tenéis problemas, no te preocupes, siempre desde el punto de vista técnico lo justificáis’, pero envían un escrito que dice todo lo contrario

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