Delgado Barrio: «Hay una apariencia de politización dolorosa para el juez e inquietante para el ciudadano»

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El expresidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Delgado Barrio, ha sostenido este jueves en Burgos que en la actualidad en el terreno judicial «hay una apariencia de politización que resulta dolorosa para el juez e inquietante para el ciudadano» si bien ha afirmado que esta «apariencia de politización no responde a la realidad» dado que «los jueces en España están actuando con verdadera independencia».

A preguntas de los periodistas antes de ser investido doctor ‘honoris causa’ por la Universidad Isabel I, Delgado ha asegurado que los jueces son «independientes» y precisó que «lo que ocurre es que ese sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ, los 20 por las Cortes, produce una impresión de politización». En este sentido, ha explicado que «en Europa ahora predomina la tesis de que la mitad de los vocales de estos Consejos sean jueces elegidos por sus pares».

Preguntado acerca de la amenaza de dimitir de su cargo el actual presidente del CGPJ y el TS, Carlos Lesmes, si no se alcanza un acuerdo sobre el Poder Judicial, ha señalado que existen «una serie de problemas que son culpa de muchos, no de uno ni de otro, de muchos». En su opinión, explicó, «la elección de los 12 vocales judiciales debe estar atribuida a los propios jueces», es decir, añadió: «La Constitución dice que las Cortes eligen ocho vocales (cuatro el Congreso y cuatro el Senado), no dice quién elige los 12 vocales y aprovechando que no dice quién elige los 12 vocales, la ley ha dicho que las Cortes eligen los 20».

Asimismo, ha indicado que «la Constitución, para asegurar la apariencia de independencia del CGPJ respecto del mundo de la política, quiso que las Cortes eligieran ocho vocales, y cuando dijo ocho quería decir ocho, no 20». «Aquí tenemos un origen del problema», ha señalado.

La Universidad Isabel I inviste así doctor ‘honoris causa’ al expresidente del TS y del CGPJ y exmagistrado del TC, Javier Delgado Barrio, en un acto que tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad, siendo el primer laureado con esta distinción de esta Universidad privada. «He vivido doce años felices en Burgos y de ellos, además de magistrado en la Audiencia fui profesor en el colegio universitario integrado», ha agradecido Delgado, quien ha asegurado que este reconocimiento es «una alegría inmensa y al mismo tiempo un honor».

El nombramiento de Javier Delgado Barrio es un reconocimiento de la Universidad a su «ejemplar trayectoria profesional como magistrado, su autoridad intelectual en las aportaciones doctrinales y jurisprudencias realizadas como especialista en la jurisdicción contencioso-administrativa y otros campos del derecho público». La Universidad Isabel I reconoce sus aportaciones en la construcción del Estado de Derecho «desde el ejemplo y el fomento de los valores de legalidad, diálogo y tolerancia y su vocación de servicio público en cuantos destinos y altas responsabilidades de Estado ha desempeñado».

Tras una década de funcionamiento académico, la Universidad Isabel I invistió como primer Honoris Causa al magistrado Javier Delgado Barrio. Se trata de la máxima distinción que la Universidad Isabel I concede a una persona, en reconocimiento de sus méritos y su trayectoria en el ámbito académico, científico o cultural. La decisión fue adoptada «por unanimidad» por el Consejo de Gobierno y el Claustro de la Universidad Isabel I en su sesión del pasado 26 de abril.

La ‘laudatio’ de investidura como Doctor Honoris Causa fue pronunciada por el magistrado del TC, letrado de las Cortes Generales y catedrático de Derecho Constitucional, Enrique Arnaldo Alcubilla. Al acto de investidura asistieron diversas autoridades políticas, académicas, judiciales y miembros del Tribunal Constitucional. Entre ellos, el presidente del TC, Pedro José González-Trevijano; el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción; el presidente del TSJ de Madrid, Celso Rodríguez; el magistrado del TC, Santiago Martínez-Vares; el fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena; el procurador del Común de Castilla y León y defensor del Pueblo, Tomás Quintana.

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